El enorme costo de la ocupación impide al pueblo palestino lograr los objetivos de desarrollo sostenible

​La ocupación impone un elevado costo económico y niega al pueblo palestino el derecho humano al desarrollo, según un informe de la UNCTAD que se presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la última semana de noviembre de 2016.

De conformidad con las resoluciones 69/20 y 70/12 de la Asamblea General, la UNCTAD tiene la tarea de informar sobre el costo económico de la ocupación para el pueblo palestino, una tarea fundamental que debería hacerse con mayor regularidad.

Es necesario establecer en el sistema de las Naciones Unidas un marco sistemático, empírico, integral y sostenible para calcular el costo económico de la ocupación e informar de los resultados a la Asamblea General, dice el informe.

No solo se trata de cumplir lo solicitado en la resolución 69/20, sino de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Territorio Palestino Ocupado.

El informe sostiene que, desde el inicio de la ocupación en 1967, el pueblo palestino nunca ha gozado de un control soberano de su economía, sus recursos naturales o su territorio. Se le ha negado el acceso a sus recursos naturales y económicos, y su agua, tierras, propiedades y otros bienes han sido confiscados y, a menudo, destruidos.

Además, se niega al pueblo palestino el derecho a circular libremente dentro de su patria, y se le priva de su capacidad productiva y de mantener intercambios comerciales y sociales normales en sus comunidades y con el resto del mundo. Entretanto, los asentamientos israelíes siguen expandiéndose, se construyen nuevos asentamientos y la población de colonos sigue aumentando.

Más del 61% de las tierras de la Ribera Occidental están controladas por Israel y los productores palestinos no tienen acceso a ellas. En la Franja de Gaza, se niega el acceso de los palestinos a la mitad de la superficie cultivable y al 85% de los recursos pesqueros.

Entretanto, desde 1967 se han arrancado más de 2,5 millones de árboles productivos. El Gobierno y los agricultores palestinos tienen prohibido mantener o construir pozos, mientras que la Potencia ocupante ha estado extrayendo más agua de lo que dispone el artículo 40 del apéndice I del Segundo Acuerdo de Oslo, firmado el 28 de septiembre de 1995, confiscando así las aguas subterráneas palestinas. En definitiva, las políticas de ocupación han deformado la estructura de la economía palestina e iniciado un proceso continuo de retroceso de las actividades agrícolas e industriales.

En el informe se destacan las repercusiones de las operaciones militares que han devastado la infraestructura de Gaza y exacerbado el sufrimiento de su población. Se calcula que los daños directos infligidos por las tres operaciones militares israelíes llevadas a cabo entre 2008 y 2014 equivalen, como mínimo, al triple de la producción anual de la economía local de Gaza. El total de las daños causados por dichas operaciones es mucho más alto si se tienen en cuenta los ingresos futuros perdidos debidos a la destrucción o deterioro de capital humano y activos productivos

Las investigaciones actuales sugieren que, sin la ocupación, la economía del Territorio Palestino Ocupado podría producir perfectamente el doble del PIB actual. Sin embargo, según el informe, todos los estudios anteriores se han llevado a cabo de manera ocasional y no han hecho sino explorar los aspectos más evidentes del costo económico, mucho mayor, que ha tenido la ocupación. Por consiguiente, en el informe se recomienda a la Asamblea General el establecimiento de un marco sistemático, integral y sostenible para evaluar, de forma periódica, el costo económico y las consecuencias de las medidas que adopta la Potencia ocupante.