El número de controversias internacionales relativas a inversiones se multiplicó en 2012, anuncia la UNCTAD
El número de controversias relativas a inversiones sometidas a procedimientos de arbitraje internacional alcanzó un máximo en 2012, acrecentando la necesidad de un debate público sobre la eficacia del mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados y las opciones para reformarlo, según indica un nuevo informe de la UNCTAD.
El informe Recent Developments in Investor–State Dispute Settlement (ISDS) publicado hoy por la UNCTAD, revela que en 2012 se registraron 62 nuevos casos. Es la mayor cifra de controversias conocidas basadas en tratados (bilaterales de protección de inversiones) iniciadas en un año y,confirma la tendencia creciente de los inversores extranjeros a recurrir al arbitraje entre inversores y Estados (véase el gráfico 1).
Gráfico 1. Casos de solución de controversias entre inversores y Estados
Fuente: UNCTAD, base de datos sobre solución de diferencias entre inversores y Estados.
En un 68% de los nuevos casos, las demandadas son economías en desarrollo o en transición, indica el informe. A pesar de que ha aumentado el número de casos iniciados por inversores de países en desarrollo, la mayoría de los nuevos casos (63%) aún tienen origen en países desarrollados.
Lascontroversias registradas en 2012 elevan a 518 el total de los casos conocidos basados en tratados (véase el gráfico 2), mientras que el número de los países objeto de una o varias demandas asciende a 95.
Gráfico 2. Total acumulado de casos conocidos de solución de controversias entre inversores y Estados 
Fuente: UNCTAD, base de datos sobre solución de controversias entre inversores y Estados.
En la mayoría de los 3.200 acuerdos internacionales de inversión actualmente vigentes se contemplan procedimientos de solución de controversias entre inversores y Estados. Habitualmente, el inversor extranjero que considera vulnerados los derechos que le asisten con arreglo a un acuerdo internacional de inversión puede, en virtud del tratado, demandar a las autoridades del Estado receptor ante un foro de arbitraje internacional. La demanda será examinada por un tribunal de arbitraje constituido expresamente para cada caso, con arreglo a las normas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), u otras normas de arbitraje. Si el tribunal determina que se han vulnerado los derechos previstos en el tratado de inversión, puede ordenar el pago de una indemnización que cubra los daños y perjuicios sufridos por el inversor a consecuencia de la actuación ilícita del Estado.
En 2012, los inversores extranjeros contestaron toda una serie de medidas estatales, como los cambios de los marcos reglamentarios nacionales (con respecto al gas, la energía nuclear, la comercialización del oro y las normas monetarias), así como medidas relativas a la revocación de licencias (en los sectores de la minería, las telecomunicaciones y el turismo). Los inversores también iniciaron actuaciones por presunto incumplimiento de los contratos de inversión, supuestas irregularidades en la licitación pública, la retirada de subvenciones que habían sido aprobadas (en el sector de la energía solar) y la expropiación directa de inversiones.
En 2012 se pronunciaron al menos 42 laudos arbitrales, 31 de los cuales son de carácter público. En un 70% de las decisiones públicas sobre el mérito de las demandas, se admitieron las alegaciones de los demandantes, al menos parcialmente. En 9 de los laudos dictados en 2012 se ordenó el pago de daños y perjuicios. En uno de ellos se ordenó el pago de la mayor indemnización de la historia de la solución de controversias entre inversores y Estados (1.770 millones de dólares de los Estados Unidos), en el caso de Occidental c. el Ecuador, por haber declarado el Estado unilateralmente la caducidad de un contrato petrolero.
El total de casos concluidos fue de 244. En aproximadamente el 42% de los casos se resolvió en favor del Estado y el 31% en favor del inversor. Aproximadamente el 27% de los casos se solucionaron.
"Los acontecimientos recientes han amplificado varios problemas intersectoriales que aquejan al mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, confirmando así los llamamientos en favor de la reforma del sistema de arbitraje en materia de inversión", dijo James Zhan, Director de la División de la Inversión y la Empresa de la UNCTAD, al publicarse las nuevas conclusiones. La División realizó la investigación y publicó el informe.
"El mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados ya suscita profundas reflexiones en muchas negociaciones bilaterales y regionales de acuerdos internacionales de inversión. Sin embargo, un diálogo multilateral sobre la solución de controversias entre inversores y Estados resultaría más efectivo para adoptar un enfoque coordinado de la reforma", añadió Zhan.
Este mismo año, la UNCTAD presentó su Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible (MPIDS) conocido por sus siglas en inglés como IPFSD, para propiciar un enfoque más equilibrado de la elaboración de políticas de inversión. El marco se publicó en el Informe sobre las inversiones en el mundo 2012 y pretende adecuar mejor las políticas de inversión a una nueva era en la que se persiguen objetivos de desarrollo sostenible.
