La creencia común desde los años ochenta de que para conseguir una mayor eficiencia económica los gobiernos debían tolerar mayores desigualdades no es cierta, según indica un informe de la UNCTAD en el que se recomiendan medidas para reducir la desigualdad del ingreso e impulsar al mismo tiempo el crecimiento económico.
Hoy se ha publicado el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo de 20121, subtitulado "Políticas para un crecimiento incluyente y equilibrado".
Según el informe, las políticas que preservan la participación de los trabajadores en el ingreso nacional y redistribuyen los ingresos a través de la fiscalidad progresiva y el gasto público permitirán mejorar la igualdad, así como la eficiencia y el crecimiento económicos.
Durante años, el enfoque dominante de la política fiscal ha consistido en reducir al mínimo la intervención del Estado y eliminar la supuesta distorsión de la fiscalidad progresiva. En los mercados de trabajo, la política se ha reorientado hacia una mayor flexibilidad en la formación de salarios y una menor protección del empleo – protección que, desde este punto de vista, desalienta la contratación. Estas reformas estructurales han contribuido a aumentar la desigualdad del ingreso sin redundar en mejoras en los servicios sociales, un aumento de las inversiones o una mayor creación de empleo y crecimiento, según se indica en el informe.
Desde principios de los años ochenta y noventa, las políticas fiscales tendieron también a reducir la proporción de los impuestos directos sobre la renta en los ingresos públicos, a la vez que se aumentaba la proporción de los impuestos indirectos como el impuesto sobre el valor añadido. En varios países, las políticas también pretendían reducir el "tamaño del Estado" en términos de gasto primario como porcentaje del producto interno bruto. Ahora bien, en el informe se precisa que la reducción de los impuestos para los grupos de altos ingresos y la contención del gasto público no propiciaron en general un aumento de la inversión pública ni privada.
El informe indica que la experiencia reciente, especialmente en América Latina y otros países en desarrollo, apunta a que la fiscalidad progresiva y el aumento del gasto público, incluidos las transferencias sociales y el suministro de bienes y servicios esenciales a los grupos de bajos ingresos, pueden contribuir de manera determinante al proceso de crecimiento incluyente, y agrega que este enfoque reduciría la desigualdad del ingreso y ofrecería al mismo tiempo la posibilidad de incrementar la demanda que se necesita para que las empresas aumenten la inversión.
En el informe se afirma que es posible mejorar la recaudación fiscal y hacerla más progresiva sin que se vean afectados negativamente los incentivos económicos. Por ejemplo, podría aumentarse la tributación sobre los ingresos más elevados procedentes de actividades de captación de rentas (es decir, actividades dirigidas sobre todo a aumentar la porción del pastel obtenida por unas pocas personas en posiciones clave) en comparación con los beneficios de la actividad empresarial y el trabajo productivo que aumentan el tamaño del pastel en sí.
En los países en desarrollo ricos en recursos, los gobiernos deberían captar una parte considerable de los ingresos procedentes de los productos básicos y asegurarse de que estos beneficien a toda la población en lugar de solo a unos cuantos agentes nacionales e internacionales, según recomienda el informe.
En el informe se señala que si se amplía el espacio fiscal, los gobiernos podrán aplicar políticas anticíclicas (como las que se necesitan para aumentar la demanda durante la actual recesión económica) así como redistribuir los ingresos y financiar las inversiones para lograr un crecimiento más sostenible e incluyente.
El Informe sobre el Comercio y el Desarrollo de 2012 también sostiene que el paradigma de la flexibilidad del mercado de trabajo no solo no ha contribuido a reducir el desempleo, sino que tiende a acrecentarlo. Al apoyarse en la compresión salarial como principal instrumento para aumentar el empleo, esas reformas del mercado de trabajo hacen caso omiso de la importante contribución de la distribución de los ingresos al crecimiento de la demanda y la creación de empleo. Si la productividad en su conjunto crece sin un incremento proporcional en los salarios, a la larga la demanda no se adecuará al potencial productivo, socavando la utilización de la capacidad, los beneficios y las inversiones, según el informe.
Además, si se promueve la diferenciación salarial a nivel de empresas (esto es, la determinación de los salarios en cada empresa concreta, en lugar de negociar colectivamente o establecer normas generales a nivel de rama o sector) las reformas menoscabarán los incentivos para la inversión, la innovación y los aumentos de productividad en las empresas, se indica en el informe. En efecto, si las empresas menos eficientes pueden compensar la disminución de sus beneficios con recortes salariales, no se verán obligadas a aumentar la productividad para sobrevivir.
La negociación colectiva, complementada con recomendaciones de los gobiernos o directrices generales, debería prevenir la reducción de la proporción de los salarios en el ingreso nacional, como ha ocurrido en numerosos países en los últimos años (véase UNCTAD/PRESS/PR/2012/31). En lugar de ello, los salarios podrían aumentarse en consonancia con el incremento general de la productividad y las metas de inflación. Según el informe, ese enfoque también permitiría prevenir la aparición de importantes diferencias salariales para los mismos empleos.
Es posible emplear otros instrumentos para corregir los resultados de los mercados en favor de quienes tengan menor poder de negociación o se encuentren al margen del sector formal. Según el informe algunos de esos instrumentos son los salarios mínimos legales, el aumento del empleo público y las medidas para aumentar los ingresos de los trabajadores del sector informal o los trabajadores por cuenta propia.
Informe - http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2012_en.pdf (solo en inglès)
