Las Revisiones de Políticas de Inversión (IPR) de UNCTAD tienen como objetivo ayudar a los países a mejorar sus políticas de inversión con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También contribuyen a que los gobiernos y el sector privado se familiaricen con el clima de inversión de estos países.
El análisis se basa en los principios y directrices clave del Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible.
Las recomendaciones de las IPR promueven marcos estratégicos, legales e institucionales de inversión que sean transparentes, eficaces y previsibles. Pueden implementarse a lo largo de varios años con la asistencia de socios para el desarrollo, incluida UNCTAD.
La Revisión de Políticas de Inversión de la CEMAC se realizó a solicitud de la Comisión de la CEMAC. Incluye un análisis detallado de textos legales nacionales, comunitarios, continentales e internacionales relativos a la inversión. Un taller regional para presentar y validar el informe preliminar de la IPR tuvo lugar del 27 al 29 de octubre de 2025 en formato híbrido.
Este informe recoge los comentarios recibidos de la Comisión de la CEMAC y los Estados miembros durante este taller. La información contenida en esta IPR está actualizada al 31 de octubre de 2025.
Mensajes clave
- La economía de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) se beneficia de abundantes recursos naturales, incluyendo reservas minerales y potencial agrícola.
- La región ha experimentado una recuperación del crecimiento tras la pandemia de COVID-19; sin embargo, su dependencia de las materias primas la hace vulnerable a la volatilidad de los mercados globales. Persisten otros desafíos, como infraestructuras inadecuadas, un gran sector informal, elevada deuda pública, desigualdades de género y acceso limitado a tecnologías digitales, con marcadas disparidades entre los países miembros.
- La estrategia regional de desarrollo busca fomentar una economía integrada y competitiva, centrada en el desarrollo de recursos locales y la diversificación económica. En este contexto, la Comisión de la CEMAC ha iniciado un programa de reformas para mejorar el clima de negocios e implementar una estrategia de industrialización a través del Plan Maestro de Industrialización y Diversificación en África Central, que incluye la revisión de la Carta Comunitaria de Inversiones.
- El marco de inversión es generalmente receptivo a la inversión extranjera. Sin embargo, los marcos legales e institucionales que facilitan la inversión varían de un país a otro y no siempre están alineados con las mejores prácticas internacionales.
- La experiencia del inversionista suele verse marcada por complejidades y incertidumbres administrativas, especialmente en lo relativo al ingreso, establecimiento y creación de empresas. Las regulaciones sobre divisas, supervisadas por el Banco de los Estados de África Central, requieren autorizaciones para la inversión extranjera directa basadas en criterios que pueden ser poco claros. Adicionalmente, asuntos como la expropiación y la justicia comercial podrían mejorarse, mientras que la escasa digitalización de los procedimientos limita el acceso a información necesaria.
- Aunque la fiscalidad empresarial es un ámbito clave para la integración, los principios que rigen el mercado común —en particular, la libre circulación y la libertad de establecimiento, así como las normas comunitarias de competencia— están poco integrados en la legislación nacional. No todos los países miembros han creado autoridades de competencia, lo que propicia la prevalencia de monopolios y empresas públicas.
- La reforma en curso de la Carta Comunitaria de Inversiones representa una oportunidad para incrementar el atractivo de la región mediante la armonización de la legislación nacional y la implementación de los principios del mercado común. Las recomendaciones propuestas en este informe respecto al contenido de la nueva carta se basan en las mejores prácticas internacionales en materia de política de inversión. El alcance y nivel de integración deseados, así como el carácter potencialmente vinculante de la carta, deberán determinarse en consulta con los países miembros y partes interesadas relevantes, garantizando la coherencia con la legislación nacional, regional e internacional existente.