Aspectos clave
- Argentina cuenta con un sólido sistema de protección del consumidor, pero requiere una mayor coordinación y coherencia regulatoria.
- El comercio digital está exponiendo a los consumidores a nuevos riesgos, incluidos fraudes, prácticas engañosas, productos inseguros y dificultades para obtener reparación.
- La informalidad y las brechas digitales dejan a algunos consumidores menos protegidos, especialmente a las personas mayores y a quienes tienen un acceso limitado a las tecnologías digitales.
- El examen recomienda adoptar un código moderno de protección del consumidor, reforzar la supervisión de los mercados digitales, mejorar la coordinación institucional y ampliar los programas de educación para el consumidor.
Argentina ha sido durante décadas un referente regional en materia de protección del consumidor. El reconocimiento constitucional de los derechos de los consumidores, un marco jurídico integral y una activa red de instituciones nacionales, provinciales y municipales han contribuido a consolidar una sólida cultura de protección del consumidor y de confianza en los mercados.
Sin embargo, las profundas transformaciones económicas, tecnológicas y sociales están generando nuevos desafíos que requieren una renovada atención de las políticas públicas y una adaptación institucional.
Este informe elaborado en el marco del examen voluntario entre homólogos de la UNCTAD evalúa la eficacia del sistema argentino de protección del consumidor e identifica oportunidades para fortalecer su capacidad de proteger a los consumidores en un mercado cada vez más digitalizado, interconectado y complejo.
El examen concluye que Argentina dispone de un marco institucional y normativo robusto y maduro. No obstante, su éxito futuro dependerá de una mejor coordinación, una mayor coherencia regulatoria y la capacidad de adaptarse a riesgos emergentes.
Principales desafíos para los consumidores
El examen identifica tres grandes tendencias que están redefiniendo la protección del consumidor en Argentina.
La digitalización y el comercio electrónico están transformando la forma en que los consumidores acceden a bienes y servicios. Si bien el comercio en línea ha ampliado las opciones y la comodidad para los consumidores, también ha incrementado la exposición a fraudes, prácticas engañosas, productos inseguros, interfaces digitales opacas y dificultades para obtener reparación, especialmente en las transacciones transfronterizas.
La informalidad sigue siendo un desafío significativo. Una parte importante de la actividad económica se desarrolla fuera de los marcos regulatorios formales, lo que limita el acceso de los consumidores a garantías, mecanismos efectivos de reparación y protección frente a productos inseguros. La informalidad también reduce los incentivos para el cumplimiento normativo y dificulta la vigilancia de los mercados.
Las brechas digitales y las situaciones de vulnerabilidad continúan afectando a numerosos consumidores, en particular a las personas mayores y a quienes tienen un acceso limitado a las tecnologías digitales o bajos niveles de alfabetización financiera. A medida que los mercados se digitalizan, resulta cada vez más importante garantizar que todos los consumidores puedan ejercer efectivamente sus derechos.
El federalismo argentino ha permitido que las autoridades de protección del consumidor mantengan una fuerte presencia territorial y una estrecha proximidad con los ciudadanos. Sin embargo, las diferencias en capacidades institucionales, procedimientos y recursos entre jurisdicciones pueden generar niveles desiguales de protección y fragmentación regulatoria.
El examen destaca la importancia de preservar la autonomía provincial y municipal, al tiempo que se fortalecen los mecanismos de coordinación y se promueven estándares mínimos comunes de protección en todo el país.
Recomendaciones de política pública
El examen propone una agenda de reformas orientada al futuro para reforzar la confianza de los consumidores, mejorar el funcionamiento de los mercados y preparar el sistema para los desafíos venideros.
Modernizar y consolidar el marco jurídico. Una de las principales recomendaciones es la adopción de un Código de Defensa del Consumidor que permita sistematizar, armonizar y modernizar la legislación vigente. Un instrumento de esta naturaleza contribuiría a reducir la fragmentación normativa, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar que la protección del consumidor siga siendo adecuada para los mercados digitales.
Asimismo, el examen recomienda fortalecer el marco de protección colectiva de los consumidores, clarificar la aplicación de los daños punitivos y asegurar estándares homogéneos de protección en los servicios públicos y las empresas estatales.
Reforzar la protección del consumidor en la economía digital. Ante el rápido crecimiento del comercio electrónico, el examen propone fortalecer la regulación y supervisión de los riesgos emergentes en los entornos digitales. Se recomienda prestar especial atención a las plataformas en línea, la trazabilidad de los productos, la identificación de los proveedores, los incentivos digitales y los juegos de azar en línea, particularmente cuando puedan afectar a consumidores en situación de vulnerabilidad.
Mejorar la coordinación y las capacidades institucionales. El examen alienta una cooperación más estrecha entre las autoridades de protección del consumidor, los organismos reguladores sectoriales y el poder judicial mediante el intercambio de información, acciones coordinadas e iniciativas de capacitación. También recomienda institucionalizar consultas periódicas con organizaciones de consumidores, empresas y expertos técnicos para mejorar la calidad regulatoria y la previsibilidad del sistema.
Invertir en educación y cumplimiento voluntario. La educación del consumidor es identificada como un pilar estratégico para una protección efectiva. El examen recomienda ampliar los programas de educación para el consumidor y alfabetización financiera, fortalecer las alianzas con instituciones académicas y promover una cultura de cumplimiento voluntario en el sector empresarial mediante programas de capacitación, mecanismos internos de solución de controversias y el fomento de buenas prácticas empresariales.
Próximos pasos
Argentina afronta esta nueva etapa desde una posición de fortaleza. Sus sólidas bases jurídicas, sus instituciones activas y una sociedad civil comprometida ofrecen un punto de partida sólido para avanzar en las reformas.
Mediante una mayor coordinación institucional, una respuesta eficaz a los desafíos de la era digital y la modernización de su marco regulatorio, Argentina puede fortalecer aún más la confianza de los consumidores, promover mercados justos y competitivos, y consolidar la protección del consumidor como un motor del desarrollo económico sostenible e inclusivo.