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La deuda global y la crisis climática están entrelazadas: Cómo hacer frente a ambas

01 marzo 2023

El cambio climático está agravando la crisis de la deuda en los países en desarrollo. La UNCTAD esboza las medidas necesarias para salvaguardar las ambiciones de desarrollo sostenible del mundo.

© Tobin Jones/UN Photo | The city of Jowhar in drought-hit Somalia, which is one of the countries listed by the International Monetary Fund as being “in debt distress”.

El mundo no puede permitirse la inacción ante la superposición de la deuda pública y el cambio climático, según un reciente informe de la UNCTAD titulado "Hacer frente a la deuda y los desafíos climáticos en tándem: Una agenda de políticas".

El informe advierte contra "un círculo vicioso de vulnerabilidades perpetuas y estancamiento económico" en las economías endeudadas en la primera línea del cambio climático.

El análisis señala la necesidad de mejorar el acceso al financiamiento de los países vulnerables, en condiciones que garanticen tanto la sostenibilidad de la deuda como las necesidades de desarrollo a largo plazo.

Propone una agenda política multilateral para promover una transformación estructural resiliente al clima en las economías vulnerables del mundo.

Según el informe, estas políticas "deberían comenzar con una reforma de la arquitectura internacional de la deuda y un aumento de la financiación pública y asequible del desarrollo para inversiones climáticas".

Deuda insostenible en tiempos de emergencia climática

En la actualidad, 29 de los 69 países más pobres que pueden optar a financiación en condiciones favorables en el marco del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP) del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentran en la intersección de una elevada deuda y vulnerabilidades climáticas.

Pero esta superposición de riesgos no se limita a las economías elegibles para el PRGT, para las que el FMI indica el nivel riesgo de sostenibilidad de la deuda, lo que implica que un país no es capaz de pagar sus deudas.

Varios países de renta media-baja, como Sri Lanka y el Líbano, que se encuentran en estado de default soberano, también son vulnerables al clima.

Amenazas superpuestas, financiación inadecuada

El informe pone de relieve los retos que afrontan las economías en desarrollo y que se refuerzan mutuamente, como las crecientes necesidades de inversión para la acción climática, la insostenible deuda pública y la consiguiente falta de inversión.

Mientras que las perturbaciones relacionadas con el clima -como sequías e inundaciones- se hacen más frecuentes y brutales, la capacidad de los países en desarrollo para hacerles frente se ve muy mermada por la creciente carga de la deuda y el limitado espacio fiscal.

En la actualidad, más del 70% de la financiación pública para el clima adopta la forma de deuda y se canaliza principalmente hacia la mitigación del cambio climático.

Mientras tanto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente calcula que las necesidades anuales de adaptación de los países en desarrollo podrían ascender a 340.000 millones de dólares para 2030, y a 565.000 millones de dólares para 2050.

Dado que las pérdidas y los daños provocados por el cambio climático añaden más presión a los presupuestos públicos, el endeudamiento externo suele aumentar tras un evento climático.

Pero como señaló la Secretaria General de la UNCTAD, Rebeca Grynspan, el mundo carece de un sistema eficaz para hacer frente a la deuda.

"La arquitectura actual de la deuda no es la adecuada", afirma el informe. "Es incapaz de facilitar tanto la movilización de financiación adecuada para el desarrollo como una resolución ordenada y oportuna de las crisis de deuda".

Cómo reformar la arquitectura mundial de la deuda

El informe identifica tres formas de incorporar las consideraciones climáticas a una arquitectura de la deuda internacional reformada.

En primer lugar, pide un marco jurídico multilateral para la reestructuración y el alivio de la deuda soberana. Dicho marco debería permitir la suspensión temporal de pagos, la suspensión de litigios y provisión de financiamiento de emergencia para proteger la capacidad de los países deudores de cumplir sus obligaciones económicas, sociales y de derechos humanos durante una crisis.

La participación en dicho marco multilateral debe permitirse a todos los países que se enfrentan a problemas de deuda -independientemente del nivel de ingresos- y debe incentivarse mediante la provisión de alivio de la deuda vinculada a una evaluación de la sostenibilidad de la deuda que incorpore las necesidades de financiación a largo plazo, incluyendo para la consecución de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

En segundo lugar, insta a la creación de un registro de datos de deuda de los países en desarrollo accesible al público. Esto reforzaría la gestión de la deuda, reduciría el riesgo de sobreendeudamiento y ayudaría a ampliar la financiación con criterios de sostenibilidad medioambiental, social y de gobernanza.

En tercer lugar, pide la adopción de instrumentos de deuda contingente con el clima para permitir la suspensión automática y temporal de los pagos de la deuda, después de que un país endeudado sufra un desastre climático que cause daños por encima de unos umbrales predefinidos.

Cómo apuntalar la financiación del desarrollo

El informe también propone iniciativas multilaterales para ayudar a cerrar la brecha de financiación del desarrollo.

Recomienda la creación de un foro intergubernamental sobre impuestos para ayudar a los países a frenar los flujos financieros ilícitos y movilizar mejor los recursos nacionales.

Pide a los países desarrollados que refuercen sus compromisos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) con recursos adicionales destinados a la adaptación al cambio climático.

Los Derechos Especiales de Giro (DEG) también tienen potencial para reforzar la financiación del desarrollo, con mecanismos innovadores como una nueva asignación general de DEG para responder a las crisis globales en curso.

El informe también pide mayores esfuerzos para aumentar la base de capital de los bancos multilaterales y regionales de desarrollo, dado su papel crucial a la hora de proporcionar financiación para el desarrollo en condiciones favorables.

La UNCTAD recomienda utilizar el Índice de Multivulnerabilidad (IMV) de la ONU como criterio para los préstamos concesionales, en los que los países deudores obtienen préstamos internacionales en condiciones más favorables que en el mercado.

En comparación con los umbrales de renta, el IVM pretende captar todas las dimensiones de la vulnerabilidad -económica, social y medioambiental- y tiene en cuenta la resilencia de los países a los choques externos.