El 30º aniversario de los Acuerdos de Oslo coincidió con un grave enfrentamiento. Las intensas operaciones israelíes en Gaza y las restricciones en la Ribera Occidental infligieron el mayor daño a la economía palestina de la historia reciente.
En Gaza, la operación militar diezmó las infraestructuras que quedaban y precipitó una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes, ya que el producto interno bruto cayó un 81 % en el último trimestre de 2023 y el desempleo se disparó hasta el 79 %. Antes de octubre de 2023, el 80 % de los gazatíes dependían de la asistencia internacional. Al terminar el año, la pobreza multidimensional afectaba a toda la población.
La Ribera Occidental y Jerusalén Oriental no se libraron, pues la violencia se propagó y la Potencia ocupante endureció las restricciones a la circulación y el acceso impuestas desde hacía tiempo. El producto interno bruto trimestral se redujo un 19 % y el desempleo alcanzó el 32 %.
Las presiones inflacionistas se combinaron con el aumento del desempleo y la disminución de los ingresos para erosionar el bienestar de los hogares. El descenso de la actividad económica superó el impacto de los anteriores enfrentamientos en 2008, 2012, 2014 y 2021, y va camino de superar el impacto de las secuelas de la segunda intifada.
Los asentamientos continuaron expandiéndose en 2023 y principios de 2024. Su crecimiento desplaza a los palestinos, altera la realidad sobre el terreno, modifica la composición demográfica de Jerusalén Oriental y la zona C de la Ribera Occidental y obstaculiza la solución biestatal.
El éxito de la Autoridad Nacional Palestina en materia de gobernanza y creación de instituciones capaces ha sido ampliamente reconocido, ya en 2011, por el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, entre otros. Sin embargo, en los últimos años la capacidad del Gobierno palestino para desempeñar funciones básicas se ha visto debilitada por la falta de recursos y las crisis recurrentes.
Las retenciones y deducciones impuestas por Israel a los ingresos palestinos, la fuga de recursos fiscales y el fuerte descenso de la ayuda de los donantes han contribuido a una grave crisis fiscal que supone una amenaza directa para la estabilidad sociopolítica y el sistema bancario.
